El punto de referencia permanente de nuestro trabajo es el valor y la significación del empleo para las personas, muy concretamente para los jóvenes, y para la sociedad en su conjunto. Para una persona, es el valor del aporte productivo de su participación y desempeño; es la percepción de un ingreso o retribución que le garantiza subsistencia y un marco de libertad de elección; y, es la significación o el reconocimiento social que explícita o implícitamente obtiene y que legitima su esfuerzo. En otra forma, la persona en sociedad es un agente activo, generador de riqueza y de su propio bienestar; por eso necesita trabajar y necesita hacerlo en forma que los tres aspectos antes mencionados sean convenientemente resueltos. Para la sociedad, el problema es el de una producción suficiente para la colectividad, el de los aportes e ingresos de todos, como condición de eficiencia y de equidad, y de participación abierta e interesante, como objetivo social. Por eso la aspiración o la condición (utópica) o la referencia necesaria al pleno empleo, entendido este como oportunidades adecuadas y abiertas para todos en la sociedad.

Lejos de esa aspiración de pleno empleo, en el Perú existe desde hace un buen tiempo, una brecha de empleo que habitualmente se descompone en una tasa del orden de 8% de desempleo (desocupación completa y en períodos importantes) y en una elevada tasa de sub-empleo, es decir de empleo a tiempo parcial, menor al 75% de la jornada normal, y de empleo que recibe una remuneración inferior a la remuneración mínima legal. Son las definiciones de sub-empleo por tiempo y por ingresos, muy imprecisas por su referencia a definiciones débiles, como son los salarios mínimos y los compromisos o contratos de tiempo parcial. En todo caso, lo que se puede imputar a sub-empleo, por oposición a lo que se reconoce como "empleo adecuado", es una proporción que va del 40% al 70% de la PEA según diferentes estimaciones.

Es cierto que por la inexistencia de un seguro de desocupación y por consideraciones psico-sociales³, no hay manera de estimar con precisión el volumen de la desocupación y debemos aceptar una tendencia a subestimarla; asimismo, que dadas las definiciones de sub-empleo (por tiempo y por ingresos, aunque recientemente se ha reajustado esta última) hay una tendencia a sobre estimarlas, aunque los órdenes de magnitud siempre son muy elevados. Consecuentemente, la brecha de empleo podría variar algo pero siempre queda la seguridad de su existencia e importancia.

La evolución del empleo en el país tiene que ver con la etapa de la transición demográfica, es decir con la prevalencia de altas tasas de natalidad que comenzaron a declinar lentamente a partir de 1975 aproximadamente y con la reducción de las tasas de mortalidad en forma drástica a partir de 1950. El resultado es pues el de un crecimiento fuerte de la población y de la oferta potencial de trabajo. Además, hay que tener en cuenta la reubicación de la población en el territorio, fenómeno que ha acompañado la etapa fuerte de la expansión. En efecto, las migraciones internas han convertido una población nacional, mayoritariamente rural y andina, en una población, más bien, urbana y costeña, en el lapso de menos de 50 años. Esto significa que la oferta de trabajo se ha trasladado y que la PEA urbana ha pasado a ser preponderante.

Algo adicional, e importante para nuestro trabajo, es que la etapa inicial de las migraciones definió una corriente muy clara hacia la capital, Lima, cuyo crecimiento de población y cuya expansión territorial han sido espectaculares; y que posteriormente, a partir de la década del 70, las corrientes migratorias se han dirigido más bien a ciudades secundarias, Arequipa, Chiclayo, Piura y Chimbote, principalmente. Es pues en esas ciudades y algunas más que se afrontan en la actualidad presiones muy superiores a las del propio crecimiento natural de la población y de la fuerza de trabajo.

La evolución de la Población Económicamente Activa ocupada expresa algo de la incidencia de este fenómeno, así como cambios en la demanda (Ver Cuadro No. 1). En efecto, la composición de la PEA ocupada por sectores muestra la pérdida relativa de importancia de la Agricultura, actividad típicamente rural, que pasa de representar el 60% en 1950 a 25% en 1993. La industria manufacturera que, en principio debía ser el principal absorbedor, mantiene una proporción moderada de cerca del 13%, decae levemente en la última década, probablemente en relación con la crisis, hiperinflación y ajuste que han afectado particularmente al sector, restringiéndolo los primeros y planteando reestructuración el último.

En forma diferente, aunque asociada con lo que ocurre en la Agricultura y en la Industria, los sectores de Servicios y Comercio han experimentado un cambio espectacular. De 25% de la PEA en 1950, han pasado a involucrar prácticamente el 50%. La asociación que señalamos se origina en las ya mencionadas migraciones y en la insuficiente capacidad de absorción de la industria.

Otro aspecto que es útil considerar es el de la evolución de la proporción de las diferentes categorías ocupacionales (Ver Cuadro No. 2). Al respecto se observa que ha disminuido sensiblemente la proporción de obreros, de 32% en 1981 a 18% en 1995, lo cual incluso en términos absolutos indica un crecimiento muy pequeño. La categoría de empleados aumenta su participación, de 11% en 1961 a 29% en 1995 y, esta vez se trata de un incremento considerable, incluso con la expansión de los sectores de servicios y comercio. Finalmente, los trabajadores independientes constituyen a lo largo de todo el periodo, el grupo más importante, con una del 35% de la PEA, esta vez, por el fenómeno de informalidad y la expansión de actividades de pequeña dimensión.

Por otra parte, si se ventila la composición de la PEA por género (Ver Cuadro No. 3), se encuentra que hay una participación creciente de mujeres ya que si en 1961 constituían el 22% de la PEA ocupada, en 1945 alcanzan el 40%. En este aspecto, hay que señalar una mayor tendencia a a participar por efectos de la crisis y el desempleo de varones y, no menos importante, la evolución cultural y la mayor cobertura de la educación, aspectos que discutiremos más adelante.

Por el lado de la demanda, es bien conocida la insuficiente capacidad de absorción de mano de obra asociada con la irregularidad del crecimiento, la falta de dinamismo de las actividades urbanas (industria) y, para las ciudades secundarias como para el resto del país, el centralismo tan acentuado y excluyente.

Finalmente se deben mencionar dos cuestiones relativamente nuevas. Una es la elevación de la tasa de participación femenina y, la otra, la mayor participación de "secundarios" en la mano de obra familiar. Ambos fenómenos esta asociados con la crisis desencadenada en la segunda mitad de los 70 y con los sucesivos intentos de estabilización y ajuste, todos con efectos recesivos y sólo el último con resultados exitosos en materia de inflación y equilibrio fiscal, aunque también generador de desempleo.

En el caso de la participación femenina hay que señalar que si bien se incrementó en razón de la crisis, es decir ante el desempleo de los esposos o padres por despidos o quiebras, también han jugado factores culturales y de cambios en la sociedad. En ese sentido se trata de un movimiento irreversible, de un incremento permanente, pues aun superada la crisis, esos contingentes continuarán buscando trabajo y tal vez en forma más acentuada en el caso de los grupos de edades más jóvenes.

En lo que toca a los secundarios, el problema está relacionado también con la desocupación y con el abandono paterno, así como con la insuficiencia del ingreso real de las familias (en los grupos pobres e incluso en grupos medios). En estos casos ocurre que se acortan los periodos de escolaridad por abandono, o bien, se reduce el efecto probable de la formación o capacitación escolar en casos como el de los escolares que trabajan y que no pueden asegurar rendimientos adecuados. En este caso, es evidente que la elevación de ingresos podría reducir la presión y, en todo caso, contener algo el ingreso prematuro y precario al mercado laboral.

Observando la evolución de las tasas de crecimiento de la Población, se ha dicho que los años 70 correspondieron a los de la "explosión demográfica" y, en efecto, en esa década se registraron los mayores incrementos de población. Ahora bien, puesto que ese crecimiento ha sido sobre todo un crecimiento natural, lo que hubo fue un incremento de los grupos de edad menores, de manera que el crecimiento resultante genera un crecimiento igualmente acentuado en la fuerza de trabajo, una vez transcurridos 15 años. Consecuentemente, a partir del año 1985 y por una espacio de 30 años aproximadamente estamos experimentando una "explosión de la fuerza de trabajo", justamente por un mayor número de ingresantes jóvenes.

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta algunas modalidades de contratación y de complementación de ingreso en una sociedad en que el ingreso promedio es bajo y en que una mayoría de la población tiene ingresos insuficientes. Tenemos por un lado, el recurso, uso y abuso de las horas suplementarias de trabajo que tiene algunas ventajas para las empresas, que es fuente de ingresos adicionales y que puede tener una significación nada despreciable para la oferta global, porque en el Perú la legislación en la materia es bastante permisiva. Tenemos, por otro lado que, en razón de pérdidas evidentes de poder adquisitivo se recurre al "segundo empleo" o al "cachuelo" que permite suplementar el presupuesto familiar. En definitiva, es en razón de bajos ingresos reales que se produce una restricción para incorporar nuevos trabajadores.

Es pues en este contexto que se plantean las cuestiones relativas al empleo juvenil, es decir, pre-existencia de una brecha de empleo e incremento importante de la oferta de trabajo juvenil, por un lado y persistencia de bloqueos inherentes al subdesarrollo y al centralismo, por otro.

El punto de partida es ciertamente, el total de la población considerada joven pero específicamente la que puede estar interesada, en condiciones o en búsqueda activa de trabajo. En efecto, no necesariamente todo el contingente de jóvenes desea o tiene una exigencia, propia o externa para trabajar en lo inmediato, lo cual puede ya establecer una diferencia entre la oferta potencial y la oferta efectiva. Otro asunto es la especificidad de la oferta, lo cual tiene que ver con competencias o con el entrenamiento previo o el capital humano acumulado, así como con el nivel de urgencias en materia de ingresos

a)  Volumen, Composiciones y Dinámica de la Población Joven

De acuerdo con la definición antes referida, la población joven, es decir los grupos de edad entre 15 y 29 años, representan algo más de la cuarta parte de la población total y una proporción importante de la población económicamente activa potencial (entre 15 y 69 años). La información de los Censos Nacionales y las proyecciones del INEI la ubican siempre por encima del 25% de la población total y el mayor porcentaje que arrojan las cifras proyectadas en 1996 reflejan la variación de la importancia de las edades extremas, por reducción de natalidad y por prolongación de la vida, que se dan en la actual etapa de la transición demográfica. Por lo mismo, una hipótesis razonable es la de admitir que un 30% de la población es población joven, lo cual significa en la actualidad, un contingente de cerca de 7 millones de personas, que sigue creciendo aunque ya con una tasa decreciente (Ver Cuadro No. 4)

En cuanto a la composición por sexo y por subgrupo de edad podemos observar, como para el conjunto de la población, una distribución casi igual de varones y mujeres pues a lo largo del período que estamos considerando, se mantiene una diferencia del orden de 1% a favor de las mujeres, la misma que, añadidas otras consideraciones, no es significativa.

La composición por subgrupos de edad sí muestra una tendencia, la misma que corresponde a la evolución de las tasas de natalidad y las de supervivencia en los primeros años de vida.

Los adolescentes disminuyen proporcionalmente, los jóvenes permanecen en una proporción estable, los jóvenes adultos incrementan su importancia relativa, lo cual es una primera indicación de cuál puede ser el énfasis requerido, en términos de demanda. Ahora bien, en lo que toca específicamente a la población de ciudades secundarias, con la salvedad que hemos hecho por las restricciones de información y con referencias a 1996, la situación es la que muestra el Cuadro No. 5, es decir de algo más de dos millones y medio de personas que incluye el 48% de varones y 52% de mujeres, y con una cierta preponderancia del grupo de edades más joven (40%).

Cuadro No. 6

Ahora bien, este contingente es estrictamente significativo desde el punto de vista de sus requerimientos (demanda) en general, entre las que se incluye el trabajo, pero este último no constituye requerimiento inmediato para todos. En efecto, los grupos de edades consideradas involucran a personas que están en etapa de formación o de capitalización humana (sobre todo los adolescentes) y también a personas que por nivel de ingreso familiar y por razones mas bien sociales no se incluyen en la PEA o población que busca trabajo, y es esta última la que interesa mayormente.

La información que proporciona la Encuesta Nacional de Hogares del MTPS, para el tercer trimestre de 1996 nos permite examinar la distribución de la PEA según los mismos criterios (edad y sexo) e intentar un juicio sobre la participación de los jóvenes de ciudades del interior, en la fuerza laboral. (Ver Cuadro No. 7)

En primer lugar, y con referencia a los totales presentados en el Cuadro No. 7, la población reconocida o que ella misma se declara como población activa (tasa de participación) es el 51.7% para el conjunto y, a este nivel es de 65% para los varones y de 42.8% para las mujeres. Usualmente, y como era previsible, la menor participación corresponde a los adolescentes, entre los cuales está la mayor proporción de escolares y, en general, dependientes. La tasa es mayor para los jóvenes y bastante elevada para los jóvenes adultos, 88.30% para los varones y 60.1% para las mujeres. Usualmente es interesante notar que en todas las categorías, las tasas de participación son superiores para el caso de los varones, lo cual refleja urgencias o prioridades socialmente definidas o prevalecientes y también algo de trabajo no reconocido económicamente para las mujeres jóvenes.

Sobre estas cuestiones, se puede adelantar una posible reducción de las tasas de participación de adolescentes y aún de jóvenes, en la medida que se extiendan, en duración, en cobertura, los periodos de escolaridad y de entrenamiento profesional. Al mismo tiempo, se pueden expresar, por razones similares y por efecto de importantes transformaciones sociales, que en el futuro cercano se van a elevar las tasas de participación femenina. Es decir que existen razones tanto para pensar en una expansión moderada de la oferta de trabajo juvenil global, ya que la población crece con tasas decrecientes, como para pensar que ese crecimiento puede ser más acentuado en razón de una mayor participación femenina, movimiento que es creciente e irreversible.

En definitiva, estas cifras y tendencias nos dan el orden de magnitud del requerimiento de empleo juvenil, cerca de 1.5 millones de puestos de trabajo, en ciudades secundarias del Perú. Quedan por examinar otros factores que conforma la oferta específica de los jóvenes.

b)  Los Jóvenes y el Capital Humano

Aparte del requerimiento o de la necesidad de trabajar, de percibir un ingreso o de afirmar independencia, está la pregunta de qué es aquello en que un joven puede desempeñarse, y la respuesta va por el lado de lo que ha podido acumular como conocimientos y como cultivo de destrezas o habilidades. Esto es lo que actualmente se reconoce como capital humano y que no es otra cosa que capacidades adquiridas, acumuladas o acumulables, en el sentido que se puedan acrecentar o renovar.

En el fondo se trata de capacidades para trabajos en tareas específicas, de alguna versatilidad para alternativas y de capacidad de adaptación y aprendizaje. Todo ello tiene como base la educación y en forma más amplia, el proceso de socialización en relación a la dimensión de participación, iniciativa y responsabilidades que implica el trabajo. Usualmente tiene como base la educación-entrenamiento y la experiencia inicial, en relación a las competencias que implica el desempeño de un puesto de trabajo.

En resumen, un candidato a trabajar y un joven en particular, no es un ente o una unidad estándar que ofrece trabajo, sino una persona cuya inserción social tiene ciertas características, y cuyas competencias o habilidades son especificas y están en proceso. Lógicamente, caracterizar la oferta de trabajo en este marco es particularmente difícil, por lo complejo, pero algo se puede avanzar con referencia a la educación y a la capacitación personal como es habitual y con referencia a las condiciones en que se les puede realizar.

Del total del millón y trescientos mil personas que estamos considerando, los jóvenes, la mayor proporción aparece como que está cursando o ha concluido la educación secundaria (55.9%) o bien que esta cursando la educación superior no universitaria (18.5%) o la educación universitaria (11.66%) y esto ofrece un panorama de juventud que se está preparando o que ha cumplido los ciclos básicos. Sólo el 0.8% declara no tener el nivel inicial y el 13.7% que solo cursa educación primaria (Ver Cuadro No. 8)

Ahora bien, si ventilamos la situación por sexo, tenemos que tanto en lo que toca a niveles bajos (porcentajes más altos) como en lo que toca a niveles educativos mayores (esta vez, porcentajes menores) la situación de las mujeres es inferior, mientras el 61% de varones tiene educación secundaria, sólo el 49% de mujeres la tiene y existe una desproporción mayor en los jóvenes que tienen educación superior, salvo la universitaria.

Algo que es muy claro es que las categorías de menor edad (adolescentes) registran mayores porcentajes en los niveles de educación más bajos y en cambio la distribución es inversa en los niveles superiores. Evidentemente se trata de que en estos periodos, la población más joven está aún en proceso de formación - capacitación y la de mayor edad registra logros acumulados. En este aspecto, no hay una diferencia marcada entre hombres y mujeres.

Si revisamos la información, esta vez por niveles de educación, (Ver Cuadro No. 9) encontramos que, prácticamente, la distribución es proporcional, es decir, alrededor de 30% en los niveles, sin inicial, primario y secundario y que es menor de 10% para los adolescentes en los niveles superiores. Nuevamente esto refleja una situación, un proceso en el que una proporción significativa de adolescentes (15-19 años) permanecen aún dentro del sistema educativo.

Otro aspecto que es útil considerar es la situación relativa a la de Lima Metropolitana donde, como se sabe, se concentran las facilidades y servicios educativos. El Cuadro No. 10, con algo más de detalle que los anteriores, muestra que los niveles alcanzados, sobre todo los niveles superiores concluidos registran mayores proporciones en Lima. Las mayores concentraciones son en los estudios secundarios que, al parecer resultan terminales.

En lo que toca a capacitación para el trabajo o educación profesional en general (Ver Cuadro No. 11), la población que declara haber estudiado o estar cursando ciclos de formación profesional, se distribuye uniformemente en lo que toca a género y formación universitaria (10%), en cambio muestra una mayor proporción de varones en Institutos o Escuelas Superiores (33.4% vs 24.3%), así como en el SENATI⁴ (10.6% vs 3.78%) y, a la inversa una mayor proporción de mujeres en CENECAPEs⁵ y CEOs⁶ (52.1% vs 29.2%).

Si se toma en cuenta que al SENATI concurren jóvenes enviados por empresas, debemos concluir que, por un lado se trata de personas que ya ingresaron al mercado y, por otro, que la diferencia tan acentuada a favor de los varones, estaría indicando o bien una orientación de la institución hacia entrenamiento en ocupaciones más comúnmente masculinas (mecánicas) o bien, poco interés de las empresas por entrenar o perfeccionar mujeres.

Por otro lado si examinamos la distribución por grupos de edad (Ver Cuadro No. 12), encontramos que es la población joven, dentro de nuestras categorías, la que tiene una mayor presencia en la universidad; que la proporción es mayor para jóvenes y jóvenes adultos en institutos superiores y mucho más importante para estas mismas categorías en CENECAPEs. La proporción es similar en el SENATI, y en cambio, la proporción de adolescentes en institutos comerciales es de cuatro a seis veces mayor que las de edades jóvenes y de jóvenes adultos.

Ahora bien, si la mayor frecuencia de edades mayores en institutos superiores y sobre todo en CENECAPES se puede interpretar como una respuesta a la evolución de la demanda, la gran proporción de adolescentes en institutos comerciales no permite una interpretación clara o sencilla. Una cuestión que nos parece estar presente es la facilidad de acceso, en términos de capacidad y la posibilidad de un trabajo, aún precario, pero inmediato. Naturalmente que, mas allá de estas conjeturas es un aspecto que se debería investigar en forma específica. En todo caso, hay que distinguir entre educación formal o educación en general como la que acabamos de examinar y la que es capacitación o educación para o en función del trabajo. En el Perú como en otros países, sobre todo de tradición latina, la educación formal es de carácter enciclopédico, difusora de conocimientos humanistas y, en ese sentido, de valores y con escaso acento sobre cuestiones utilitarias. Por lo mismo, es un tipo de educación que requiere, y por ello orienta, un ciclo adicional de carácter profesional y aún, universitario. Sobre el particular, la misma encuesta refleja que sólo el 41.9% de la población joven ha cursado (35,9%) o está cursando estudios (de capacitación o entrenamiento) para el trabajo (6.0%), es decir se está educando para trabajar en alguna ocupación específica (Ver Cuadro No. 13)

Entre los jóvenes que manifiestan no haber tenido capacitación específica para el trabajo (58.1%) hay una mayor proporción de hombres, así como esta es menor entre los que han cursado estudios de capacitación o los están cursando. Una posible interpretación de estas diferencias que, grosso modo, se mantienen entre las sub-categorías de edades, es que la condición de capacitación previa es percibida más claramente por las mujeres, mientras que la presión de obtener un empleo es mayor sobre los varones. En otras palabras, las mujeres buscan o esperan una capacitación previa para trabajar, mientras que los varones pretenden no requerirla o bien tienen mayor urgencia de percibir un ingreso, independientemente de la capacitación recibida o de no tenerla. Anotemos también que en Lima Metropolitana, la proporción de los que no tienen capacitación previa es bastante menor (49.0%) que la población cursando aún estudios es mayor (8.9%) y que la proporción de varones con capacitación previa es mayor que en ciudades secundarias (Ver Cuadro No. 14).

Otra cuestión que es útil referir es la del financiamiento de la capacitación (Ver Cuadro No. 15). En efecto, la participación de los propios centros de formación en forma parcial complementadas por financiamiento de la empresa o por el aporte propio de los interesados, alcanzan un total de 66.8% de los casos (56.6% en los varones y 79.2% en las mujeres), lo cual implica que la capacitación es después del primer contrato y, naturalmente, en función de los trabajos específicos de la empresa.

Si ventilamos la cobertura del esfuerzo de capacitación por subcategorías del financiamiento (Ver Cuadro No. 16) tenemos que más de la mitad de los casos (57.1%) corresponden a una fuente mixta (centro de formación-financiamiento propio) y que alcanza al 64% si consideran la complemetanción centro de formación-financiamiento empresarial. En otra perspectiva, si privilegiamos el aporte propio, o de la familia, este es el que explica el 26.9% de casos y lo es con más claridad en la categoría de adolescentes (33.2%) que probablemente permanecen ligados a la familia paterna. Por último, si acumulamos esto último con otras modalidades en que participa el aporte propio, resulta que solo un 5.8% de casos es el centro de trabajo que, enteramente asume los costos de la capacitación.

Antes hemos examinado la distribución de la población joven según los niveles de educación alcanzados. Ahora debemos hacerlo con la población joven que trabaja y según los centros donde adquirió educación para el trabajo. (Ver Cuadro No. 17)

Una primera cuestión es la evidente y explicable preponderancia de universidades e institutos estatales 60.6%, contra sólo 37.8% de jóvenes que frecuentan o han frecuentado centros privados. La explicación, pensamos, está mayormente por el lado del costo de los estudios y sólo en pequeña proporción por el carácter exclusivo o casi de algunas especialidades en los institutos públicos.

En la distribución por sexo, encontramos que la proporción de varones es mayor para los universitarios, aunque la información recogida puede disimular el hecho de una mayor proporción de graduadas universitarias que no están trabajando. En cambio, la proporción de mujeres es mayor que la de varones entre los que tienen capacitación en algún instituto superior, es decir, un nivel de profesión técnica.

En lo que toca a las subcategorías de edad (Ver Cuadro No. 18), aparecen diferencias significativas a propósito de la gente que frecuenta o ha frecuentado universidades privadas y son los jóvenes (19-25) que las frecuentan que registran el menor porcentaje, mientras que el de adolescentes es mayor. Al respecto, podemos mencionar dos causas mayores, una es el menor costo de los estudios, en términos de derechos que, al acentuarse la restricción presupuestal de las familias, es un punto muy sensible. La otra tiene que ver con la relativa estabilización del funcionamiento de las universidades que minimiza riesgos y plazos (por lo menos lo hace previsibles) para los estudios. En otro tiempo se pagaba menos (derechos o pensiones) pero por un número de años mayor debido a conflictos y discontinuidades y, en ese caso, pagar más en una universidad privada por un plazo casi fijo y con alta probabilidad de obtener un diploma, era una opción atractiva. Es así que en términos generales se ha recuperado la matricula en Universidades Nacionales y se ha estabilizado o reducido ligeramente la matrícula en Universidades Privadas. Esto es lo que refleja la mayor proporción de adolescentes y la correspondiente menor de jóvenes. También, es posible pensar que en el futuro se recuperará la proporción que actualmente registran los jóvenes adultos, cercana al 15%, anterior a las crisis causantes de los fenómenos que estamos comentando.

En resumen, se tiene un contingente de jóvenes con educación secundaria, completa o incompleta, como nivel preponderante. En segundo lugar, es una población cuya capacitación específica no es una característica fuerte ni mayoritaria. Por la información sobre los que aún cursan ciclos de capacitación, parecería que en no pocos casos se trata de un esfuerzo posterior o complementario a la obtención de un puesto de trabajo. Por último, queda clara la importancia de un apoyo financiero del Estado o de las empresas para que, previamente o en la etapa inicial, los jóvenes puedan adquirir o completar su capacitación.

c)  Los jóvenes, el Ingreso al Mercado y el Ingreso Familiar

Una secuencia teórica indicaría que las personas hacen efectiva su oferta de trabajo una vez que han concluido su etapa de capacitación o entrenamiento. Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, existe la necesidad, y en casos, la urgencia de percibir un ingreso y en ese caso se obvian condiciones de capacidad y aún de significación social y personal del trabajo.

Lo que ocurre es que completar y eventualmente prolongar, por ejemplo con una especialización, el periodo de capacitación, implica la posibilidad de apoyo familiar o del Estado y, estas no son posibilidades muy amplias ni generalizadas.

Por una parte, en un país de bajo ingreso per capita y con gran desigualdad, existen importantes proporciones de familias con ingreso bajo o inestable que limita en posibilidad, de sus miembros jóvenes, de permanecer fuera del mercado. Por otro lado, la cobertura del Estado, en lo que toca a oferta educativa es insuficiente y de calidad y amplitud, mas bien limitada. En todo caso puede ofrecer estudios gratuitos o mediante el paso de derechos moderados o por debajo del costo real, pero nada está dicho sobre la subsistencia y los gastos adicionales durante el periodo de capacitación. En cualquier caso, por tanto, el apoyo de la familia es fundamental.

Ocurre sin embargo, que nos estamos refiriendo al ingreso familiar, a los requerimientos de toda familia, de manera que la capacitación de uno de sus miembros tiene un costo de oportunidad y llegado el momento de considerar otras necesidades, puede quedar excluida y, más bien, presionar para que el presunto beneficiario aporte al ingreso familiar. El apoyo familiar, como una magnitud algebraica tiene pues signo.

Para conocer algo sobre estos aspectos, en la Encuesta de Niveles de Empleo encontramos información sobre el ingreso familiar y sobre el ingreso de los jóvenes. En esa información podemos evaluar la importancia del aporte de los jóvenes y por reciprocidad, de las posibilidades de la familia.

Para el efecto hemos dividido la muestra en deciles, considerando al total de familias que tienen por lo menos un miembro de la familia que percibe ingresos y a través de rangos de ingresos ventilamos las diferencias y podemos separar el caso de las familias en situación de pobreza, cuya significación es muy importante (Ver Cuadro No. 19).

Es muy claro que el aporte de los jóvenes es proporcionalmente creciente con el menor ingreso familiar y que en el caso de los deciles de menor ingreso, que corresponde a familias más pobres, supera el 50% de ingreso familiar cuando los jóvenes son adolescentes. Se trata pues de un ingreso prematuro o forzado en función de necesidades del grupo. En el caso de los jóvenes y jóvenes adultos, la contribución es siempre mayor; supera el 50% del ingreso familiar a partir del cuarto decil y es siempre superior al 40% en el caso de los jóvenes adultos. En estas dos categorías se trata de inserción en tiempo normal, aunque puede seguir siendo precaria desde otros puntos de vista. De todas maneras, el que la contribución de jóvenes y jóvenes adultos en los deciles más pobres alcance proporciones tan elevadas (44% en el primer decil) es preocupante y puede reflejar problemas como en el desempleo o incapacidad de los adultos y tal vez con más frecuencia, en el caso de familias incompletas por abandono paterno y familiar o por la prevalescencia de familias numerosas en los grupos pobres.

Una cuestión que vale como criterio de comparación es que en Lima Metropolitana, ciudad que ha crecido rápidamente por migraciones del interior y en la que se dan con mucha frecuencia comportamientos como los antes mencionados, la contribución de los jóvenes es más acentuada en los deciles de familias más pobres y supera el 90% del ingreso familiar, incluso en el caso en que los jóvenes son adolescentes (Ver Cuadro No. 20).

Para mayor abundamiento, hemos hecho una prueba de hipótesis sobre la relación entre el promedio de años de educación y la situación de pobreza, con el resultado esperado de que el promedio de jóvenes pobres, dentro del rango de edades definido, tiene un menor grado de educación. Igualmente hemos encontrado una relación significativa, estadísticamente, de que los jóvenes pobres tienen una mayor experiencia laboral. Esto último refuerza la hipótesis del ingreso prematuro del mercado, presionado por requerimientos del grupo familiar, sea por contribuir al ingreso familiar o para asegurar una subsistencia autónoma.

En definitiva, hay un problema de oferta no satisfecha y que no lo es en una perspectiva dinámica. La oferta potencial crece y la presión para ingresar a la PEA se refuerza por los bajos o inestables ingresos, es decir, por la pobreza. Consecuentemente, el problema mayor es el de la proporción de la oferta que constituyen de las capas pobres de la población.

Como es obvio, las empresas e instituciones que contratan personal lo hacen en función de las tareas que deben ejecutar, esto es, requieren competencias o entrenamiento previo. Además, perciben en alguna forma que los procesos productivos no son inmutables, que pueden mejorar, y que los equipos que condicionan la contribución de los trabajadores, pueden cambiar. Lógicamente aprecian y están dispuestos a valorar la versatilidad o la capacidad de aprendizaje del personal que contratan. Por último, en una empresa o institución, cuenta la coherencia del conjunto, la complementación del personal en forma que, para no pocos aspectos del funcionamiento y para los logros de productividad, lo que cuentan no son las individualidades, sino el elenco de trabajadores y su complementación.

Se trata pues de aspectos o preocupaciones que, siendo legítimas, afectan en diferente forma la posibilidad o la conveniencia de incorporar jóvenes.

El primer aspecto mencionado, el de la competencia, tiene que ver con la formación previa o con la experiencia. Lo primero puede ser favorable a demandar jóvenes, ya que es relativamente reciente la preparación técnica específica y en cambio, algo que no aportan habitualmente los jóvenes, es experiencia.

No existe información específicamente referida a jóvenes, pero un estudio realizado por la S.N.I. en 1993, con 210 empresas (151 en Lima y 71 en provincias) ofrece un panorama ilustrativo (Esquema No. 1).

Hay pues una variedad de calificaciones específicas que se demandan y que requieren una formación o entrenamiento (especialistas, mecánicos, laboratoristas, electricistas, matriceros) y otros que requieren entrenamiento en el puesto sobre la base de alguna habilidad previa (choferes de "jumbo", operadores de máquinas). Por otra parte se tienen tareas asociadas a gran experiencia o a alta calificación (supervisores, maestros, etc).

Desde el punto de vista de los jóvenes, la demanda es relativamente restringida, aunque fuera amplia en volumen, por que plantea requerimientos superiores a los que, en promedio, aseguran la formación previa y el carácter de nuevos ingresantes de muchos jóvenes.

El segundo aspecto, el de la versatilidad y la capacidad de aprendizaje si es muy favorable a los jóvenes. En efecto, una persona que se está iniciando tiene mayor capacidad de adaptación y no está fijada por "usos y costumbres" o maneras de hacer las cosas. Esto facilita el aprendizaje en el trabajo, la adopción de nuevas técnicas y la adaptación al cambiar los equipos y los procesos. No es una novedad el referir que, entre las condiciones de los contratos, se pone un límite de edad (35 a 40 años) lo que indicaría una disposición a contratar sobre todo jóvenes, aunque no necesariamente los más jóvenes.

En realidad una empresa "invierte" en el entrenamiento de su personal, sea formalmente (SENATI, p.e) o asumiendo su baja productividad inicial, de manera que tiene por delante un periodo largo de rendimientos que pueden reflejar los logros del entrenamiento. La contratación de gente mayor es en función de aportes muy elevados y específicos.

Por último, el aspecto de conjunto puede generar efectos ambivalentes. En efecto, el elenco y la gerencia en un momento dado imprimen un estilo y un ritmo de trabajo al que deben adecuarse los ingresantes. Por eso, toda expansión o reemplazo se hace en función no sólo de tareas o competencias y experiencias, sino en función de un funcionamiento de conjunto. Consecuentemente serán calidades diversas y no sólo las conocidas con la edad que van a jugar.

A pesar de lo complejo de las expectativas empresariales, sin embargo, se puede decir que existen condiciones que tenderían a privilegiar el empleo de jóvenes. El problema es el de una demanda poco dinámica, de reducciones de personal y de la pre-existencia de desempleo en toda la economía.

Si la demanda es débil o deficitaria por falta de inversiones que signifiquen inicio de nuevas actividades estables y si las exigencias de adecuación a nuevas condiciones, internas y externas (competitividad) obligan a cambios en la producción (reducción o paralización) o búsquedas de mayor productividad que implican, muchas veces, reducción de personal, tiene unos dos efectos sobre el empleo juvenil. Por una parte, escasez de oportunidades y, por otra, mayor urgencia de obtener ingresos, por desocupación o caída de ingreso de otros en la familia.

En las secciones precedentes nos hemos referido a la oferta juvenil y a la demanda de trabajo de jóvenes. El resultado, que no es nada alentador, es de una proporción significativa de jóvenes que no obtienen empleo o en todo caso no pueden aspirar u obtener un empleo adecuado.

Del total de la PEA juvenil, cerca de un millón cuatrocientos mil, sólo el 39.4% está adecuadamente empleado y, acumulando los que tienen empleos parciales o eventuales y los que son remunerados por debajo del mínimo legal (sub-empleados), tenemos un 50.4%, de manera que los que declaran estar desempleados alcanzan el 10.3%, proporción superior a la del desempleo total en el país (8 a 9%). (Cuadro No. 21)

A pesar de que la proporción de varones y mujeres es prácticamente igual, la PEA juvenil marca una mayor proporción de varones y, correlativamente se encuentra una mayor proporción de varones adecuadamente empleados. Los sub-empleados por tiempo trabajado muestran la misma proporción y, en cambio, el sub-empleo por ingreso es más importante en el caso de los varones. (Ver Cuadros No. 21 y No. 22)

El problema que muestran estas cifras es similar al del conjunto en el país, es decir escasez de puestos de trabajo estable y trabajos de baja productividad o precarios, y en forma más acentuada para las mujeres.

En el caso de los jóvenes se puede apreciar además que los adolescentes son los que en menor proporción tienen empleo adecuado, 33.4%, contra 37.1% de los jóvenes y 45.3% de los jóvenes adultos, lo cual indica una menor disposición a contratar, en esa condición, a personas en ese rango de edad. En cambio, los adolescentes registran las mayores tasas en las categorías de subempleo y de desempleo. (Ver Cuadros No. 23 y No. 24).

Diversos estudios recientes indican que la mayor dificultad de obtener un empleo la confrontan los jóvenes y los profesionales y, ciertamente esto tiene que ver con la dinámica general de economías que no están generando empleo y que más bien están reduciendo la demanda. Al no haber nuevos empleos, estrictamente, hay menor posibilidad para los ingresantes y, por otra parte, al requerirse competencias específicas, la demanda de profesionales se hace muy selectiva.

Ahora bien, la muestra con que trabajamos, jóvenes en general, involucra una pequeña proporción de profesionales, muchos técnicos de segundo nivel y personas sin capacitación específica, aunque una parte puede reivindicar alguna experiencia. En el caso del Perú, juegan estas cuestiones y algunas otras que resultan del patrón de desarrollo, del reciente ajuste estructural y de la evolución demográfica (crecimiento natural y migraciones). Por eso hemos hecho una estimación exploratoria sobre los determinantes del desempleo de jóvenes.

Las variables que suponemos influyen en el desempleo de jóvenes son la edad, el sexo, los años de educación, la educación del padre, la experiencia laboral, la capacitación adquirida y el ingreso familiar. La variable dependiente es la situación de empleo, variable dicotómica que toma el valor 1 si el joven está desempleado y 0 si pertenece a otras de las categorías que estamos considerando. Se han efectuado dos tipos de regresiones, una que considera todas las variables enunciadas y otra que sólo considera edad, capacitación e ingreso familiar; y, asimismo, se han hecho las estimaciones para el Resto Urbano que es nuestro centro de interés y para Lima Metropolitana, con fines comparativos.

Según estos resultados (Ver Cuadro No. 25), el desempleo de jóvenes está asociado significativamente con la edad, aunque la magnitud de los coeficientes es pequeña. En el caso de Lima, sin alcanzar nivel de aceptabilidad estadística, el coeficiente tiene el signo negativo, lo cual es intuitivamente más plausible. En lo que toca a sexo, nuevamente, el coeficiente siendo pequeño es significativo para ciudades del interior y no lo es para Lima. La incidencia de ser varón es mayor, fuera de la capital, para obtener un empleo.

Si consideramos los años de educación, siempre con una diferencia de significación estadística, el coeficiente es aún más pequeño y es positivo, lo que indicaría que a mayor educación, hay menor probabilidad de obtener un empleo. Una explicación podría ser la de una deficiente calidad de la educación, en el país, correlativa a la mayor extensión de los servicios y la otra, que la demanda es por tareas que no requieren mayor nivel educativo.

Por otra parte, la educación del padre que, tradicional y comúnmente, se asocia en los niveles educativos alcanzados y el capital humano acumulado, no muestra influencia alguna, dado el nivel de significación y el ínfimo valor del coeficiente. Parece, por tanto, que el desempleo no depende de los atributos del candidato, sino de una situación deprimida del mercado. Igualmente, la experiencia laboral previa, resulta estadísticamente descartada.

Finalmente, la capacitación sí muestra alta significación, mayor valor y un signo de los coeficientes, tanto en Lima como en ciudades del interior, que corrobora la hipótesis de que un joven capacitado tiene mayor probabilidad de estar empleado. En cuanto al ingreso familiar, nuevamente tenemos alta significación, aunque coeficientes muy pequeños, es decir que es una variable que influye pero en muy pequeña medida. En realidad, y esto indica el signo del coeficiente, el mayor ingreso familiar reduce la presión de ingresar al mercado y excluye los casos adversos.

Cuando se reduce el vector de variables explicativas a edad, capacitación e ingreso familiar, mejoran los resultados desde el punto de vista estadístico pero no se modifican mayormente los signos ni los valores de los coeficientes.

En lo que toca a los jóvenes que tienen empleo es interesante examinar la actividad económica en que participan y la categoría ocupacional que tienen. Son indicadores de la importancia de la demanda y de lo que específicamente se solicita de los trabajadores jóvenes. Esto mismo nos permitirá hacer algunos alcances sobre el tipo de contrato, la cobertura social y otros aspectos que tienen incidencia sobre la calidad de los empleos.

La información de la encuesta, por la forma en que hemos debido separar a la población joven urbana, es decir Lima Metropolitana y Resto Urbano, registra algunas actividades que se consideran típicamente rurales y en forma importante (11.5% de hombres y 4.0% de mujeres en agricultura y minería) lo que puede deberse a la definición utilizada, aunque no está excluido que habitantes de un centro urbano realicen tareas agrícolas o mineras en zonas aledañas. Por eso, los porcentajes muy menores que aparecen para Lima no son nada sorprendentes. (Ver Cuadro No. 26).

En todo caso, lo más relevante de la distribución de población por rama de actividad en que está ocupada, es que las mayores concentraciones son en la industria (14.3%) en el comercio (25.8%) y en servicios comunales y recreacionales (14.8%) que, en conjunto dan cuenta del 55% de la población joven ocupada. Más adelante podremos contrastar esta distribución con la de categorías ocupacionales así como con la capacitación y ello podrá explicar la alta proporción de jóvenes en el comercio y servicios que requiere, por lo menos aparentemente, escasa capacitación; y, en cualquiera de las ramas mencionadas, en tareas auxiliares a veces prescindibles o sin remuneraciones.

En cuanto a la misma distribución, pero diferenciando por sexo, se mantiene, en general, la importancia de los sectores mencionados, pero aparecen diferencias y aparecen nuevos sectores de concentración. Es así que en la industria está el 17.0% de varones y sólo el 10.6% de mujeres, en cambio, en el comercio hay un 33.8% de mujeres contra 19.8% de varones e, igualmente, en servicios comunales y recreacionales, la proporción de mujeres es mayor. Parecería pues que los hombres jóvenes son más frecuentemente incorporados a la actividad manufacturera mientras las mujeres lo son en el comercio y los servicios; sin embargo, habría que considerar además la naturaleza de los contratos o la relación con el principal y la importancia relativa del ingreso generado.

Algo que es notable, aunque ya es bien conocido es el sesgo, que mientras 13.0% de mujeres trabaja en servicio doméstico, sólo el 1.0% de varones lo hace. Una vez más aparece pues ésta como una ocupación típicamente femenina, asociada con la edad, la escasa o nula capacitación y con una reciente migración; la mayor proporción de mujeres trabajando en restaurantes y hoteles tiene una explicación similar. En sentido inverso, en la construcción y en el transporte, actividades típica y tradicionalmente masculinas, aparece 8.7% de varones y sólo 0.1% de mujeres en la primera y 11.9% contra 1.8% en la segunda, es decir que con los jóvenes ocurre lo mismo que con poblaciones de otras edades.

En Lima Metropolitana, la situación es similar, aunque las diferencias entre varones y mujeres es menor, lo que indicaría una más extensa y variada inserción de la mujer en mercado laboral.

Una información complementaria es sobre la participación de las tres categorías de jóvenes que estamos considerando y, en este caso, una primera anotación es en el sentido que en la industria se distribuyen uniformemente (14%) con una ligera preponderancia de adolescentes, como ocurre también en el comercio (Ver Cuadro No. 27). En cambio en los servicios comunales y recreacionales, la participación de los mayores, jóvenes y jóvenes adultos es creciente y la de estos últimos cuadruplica la de los adolescentes y, a la inversa, entre las trabajadoras del hogar, hay 13.4% de adolescentes contra 4.7% de jóvenes y 2.9% de jóvenes adultos. Al parecer se trata de una ocupación de etapa, mientras se completa algún ciclo de capacitación, mientras se encuentra empleo en otra actividad, o bien, en espera de la posibilidad de trabajar por cuenta propia.

Tal como hemos mencionado antes, es interesante examinar la distribución de jóvenes según su categoría ocupacional para completar un juicio sobre el empleo de que se trata.

Como era de esperar, las mayores proporciones se encuentran en las categorías de obrero, empleado y trabajador independiente que totalizan el 75.8% de los jóvenes empleados. Un 14% es trabajador familiar no remunerado y el ya mencionado 6.1%, trabajadoras domésticas. Las proporciones de patrones y practicantes son muy menores. El juicio de conjunto es que se trata de trabajadores dependientes o en actividades de muy pequeña dimensión (Ver Cuadros No. 28 y No. 29).

Ahora bien, en las categorías de empleados y de trabajadores independientes hay una mayor proporción de mujeres, mientras que entre los obreros la proporción de hombres es de 33.7% y la de mujeres de 8.1% que concuerda con la distribución por ramas antes expuesta. Por otra parte, la pequeña proporción de practicantes, tanto de varones como de mujeres indica una forma de ingreso, de complemento de aprendizaje o bien de alternativa a la capacitación, recibida o no.

La misma información, sobre las categorías ocupacionales, esta vez en relación con los sub-grupos de jóvenes, nos indica que hay pocos patrones de edad joven y que los trabajadores independientes están sobre todo en la categoría de jóvenes adultos, e igualmente que los empleados son sobre todo jóvenes y jóvenes adultos. En la categoría de obrero, las proporciones mayores son para adolescentes y jóvenes, por lo que se puede inferir que hay, en alguna medida, cambio o promoción de obreros a empleados. Los trabajadores familiares no remunerados son sobre todo adolescentes, como los son también las trabajadoras domésticas.

En resumen, salvo los trabajadores independientes, artesanos y comerciantes, el grueso de jóvenes trabaja en ocupaciones auxiliares, aunque fuera transitoriamente.

Desde otros puntos de vista, que tienen que ver más con la calidad de los empleos, mencionaremos algunas cuestiones que tocan a los contratos, a la forma de remuneración y a la cobertura social.

En primer término se debe anotar que 46.8% de jóvenes "adecuadamente empleados" trabajan sin contrato, lo cual incide en la estabilidad del empleo, entendida en un sentido amplio y, con toda seguridad, en las prestaciones previsionales. Más aún, es probable que una buena proporción de estos empleos que involucra a 288,493 jóvenes sean en realidad empleos eventuales, por naturaleza o por conveniencia del empleador. También es interesante anotar que son los varones que, en mayor proporción (53% vs 35%) están en esta situación. (Ver Cuadro No. 30).

La indefinición o la falta de una serie de seguridades que establece un contrato, y también los límites o topes que puede establecer, afectan mayormente a los adolescentes que, en proporción de 74.1% no tienen contrato, mientras que entre los jóvenes y jóvenes adultos, sólo el 44.2% y 34.9% respectivamente están en esa condición. Esto se repite si se discrimina por sexo.

La condición de contratados, tanto en lo que toca a contratar por tiempo indefinido, como por tiempo definido, evoluciona claramente en forma que corresponde a lo anterior. En otras palabras, la proporción de contratados es creciente con el grupo de edad. Otros tipos de relación contractual resultan poco significativos y, para todos, la situación es similar en Lima, salvo que allí, la relación laboral por "prácticas pre-profesionales" es algo más importante. (Ver Cuadro No. 31).

Más aún, la frecuente ausencia de contratos es mayor en el caso de empresas de pequeña dimensión (menos de 20 trabajadores) y, la mayor concentración en centros de menos de 5 trabajadores, puede estar relacionada con la informalidad. (Ver anexo Cuadros No.15 y No.18), Tipo de Contrato según tamaño de la empresa).

A esto habría que añadir, que 26.3% de jóvenes empleados, lo son por cuenta propia y 14% trabajadores familiares no remunerados, de manera que, 60% son trabajadores dependientes (41.7% en empresas privadas) y sujetos a un eventual cambio (Ver Cuadros No. 32.1 y No.32.2). Esta vez, la situación es similar, si consideramos el sexo, en cuanto a quienes trabajan por cuenta propia (ligera mayor proporción de mujeres) y en cambio hay una gran diferencia en lo que toca a empleados en empresas privadas, pues se encuentran un 50.7% de varones y sólo un 29.7% de mujeres que, en términos absolutos implica que el número de empleados jóvenes varones es el doble del de mujeres, en la empresa privada.

Otra cuestión bastante indicativa de las condiciones del empleo, es el tipo de remuneración que se recibe. Al respecto, como es de esperar, la mayor proporción, 72.9% recibe sueldo o salario, es decir una remuneración estable y periódica. Las modalidades de comisión, destajo, honorarios, propinas o subvención representan en total 7.4% (9.7% si se consideran "otras formas", no especificadas).

Algo que se debe anotar es que 17.5% de jóvenes empleados no recibe remuneración (15.5% de varones y 20.2% de mujeres) y que en esta situación están mayormente los adolescentes (28.5%) y los adolescentes varones (30.2%) más que las adolescentes mujeres (26.1%). A título de comparación, podemos decir que la proporción de asalariados es mayor en Lima Metropolitana (85%) y que la proporción de los que no reciben remuneración es menor, 9.1%, todo en la línea de una más extendida red de relaciones de mercado, con relación a las costumbristas que predominan o subsisten en no pocas ciudades del interior del país (Ver Cuadros No. 33.1 y No.33.2)

Por otra parte, de los jóvenes que declaran tener un empleo sólo 17.5% están en el seguro social, para los efectos de cobertura de servicios de salud y 0.7% lo están en un sistema privado y 0.8% en "otro" sistema. Se tiene entonces que 81% no están cubiertos por algún sistema de seguro de salud. Esta situación es igual entre hombres y mujeres (Ver Cuadro No. 34

Si se examina la información por categorías de edades, se pueden observar que las proporciones de asegurados son crecientes con la edad y que, correlativamente, la proporción de no afiliados a algún sistema es decreciente. En otra forma, los adolescentes están cubiertos en menor proporción, de manera que se puede pensar en una afiliación tardía o diferida, probablemente en relación con la formalización de los contratos o la estabilización de la relación laboral.

Por último, una información que puede ayudar a formarse una idea más completa de las condiciones y calidad del empleo es el lugar donde se efectúan las tareas (Ver Cuadros No. 35.1 y No.35.2)

En este aspecto se tiene que el 48.8% trabajan en el local del centro o la empresa que los contrata (46.5%) de varones y 51.9% de mujeres), que 14.3% lo hacen en la propia vivienda, 4.7% en la casa del cliente y 2.1% en un puesto del mercado. A esto hay que añadir que 14.1% trabajan en la calle y 5.9% en vehículos de transporte. Como era de suponer, muchas más mujeres trabajan en su casa, menos en vehículos y en la casa del cliente y más en puestos de mercado. En lo que toca a la distribución por sub-grupos de edad, en el aspecto que examinamos no aparecen diferencias significativas.

En resumen, los indicadores tomados en cuenta sobre los contratos, la cobertura de seguro, el tipo de remuneración y el lugar de trabajo, sugieren algunas formas de precariedad del empleo juvenil. En efecto hay cuestiones relativas a una saludable estabilidad, a adecuadas remuneraciones y a prestaciones de salud oportunas y eficaces. La evolución de algunos de los indicadores sugiere que las condiciones mejoran en la medida que el trabajador ha superado una etapa, informal e imprevista en términos de duración, en que el empleador decide afrontar compromisos completos con el trabajador o que éste adquiere capacidad de negociación. En este sentido, la situación de los jóvenes y más la de los nuevos ingresantes, es particularmente débil o precaria.

No se trata, por tanto, sólo de cubrir un déficit de demanda y de absorber, en términos de puestos de trabajo, una oferta juvenil que ya es importante y que crece. Se trata de hacerlo resolviendo también los problemas de calidad de los empleos existentes y de abrir perspectivas de realización-promoción de quienes se vayan integrando al mercado laboral.

Hemos visto que hay problemas de desempleo, de sub-empleo y aún de precariedades o de mala calidad de los empleos existentes. Sin embargo, estos son problemas que afectan e involucran al contingente de jóvenes en las edades definidas para el efecto y es necesario admitir que se extienden y complejizan por diversas razones.

Una primera cuestión es el ingreso prematuro a la fuerza de trabajo. En secciones precedentes hemos mostrado que esto se traduce, sobre todo en el caso de adolescentes, en un ingreso al mercado sin tener una capacitación adecuada o completa. Pero, el ingreso prematuro no sólo se produce a esa edad y en esas condiciones, sino antes o mucho antes. Existe información sobre el trabajo de niños, se reconoce una PEA de 6 a14 años que es de cerca de 200,000 según el Censo Nacional de 1993. De estos, 90,000 corresponden a la población urbana y 57,750 a las ciudades del interior del país. Ahora bien, con la información del propio Censo, se puede establecer que la tasa de actividad de este grupo de edad es del orden de 3.5% y que los que trabajan son el 85% en promedio, de manera que en esa PEA habría un 15% que busca trabajo.

Tenemos así, un incremento a la oferta potencial que, como hemos anotado, es ya importante y está en crecimiento. Ahora bien, este ingreso a todas luces prematuro, por que no se dan las condiciones necesarias de madurez y por que no puede haberse completado alguna capacitación, es el resultado del subdesarrollo, de la crisis de los últimos 15 años y de los esfuerzos de ajuste. En efecto, los tres elementos generan pobreza, al disminuir ingresos reales y al reducir la expansión o al reducir, simplemente, la demanda de trabajo. Las familias deben tratar de mantener o recuperar ingresos perdidos (despidos, reducciones de personal) o recuperar poder adquisitivo (inflación o liberalización de precios, eliminación de subsidios) de manera que se estimula el ingreso de "secundarios" o se abandona el apoyo a estudios o capacitación.⁷

Una segunda cuestión es que, dada la inmadurez y la falta de capacitación completa así como la urgencia, a veces poco racionalmente percibida, de obtener un ingreso, los niños, como muchos adolescentes están más dispuestos a aceptar y aún a buscar empleos de mala calidad, es decir inestables, mal remunerados y sin cobertura social. Es el caso de menores en diversas actividades informales, comerciales de dudosa utilidad social y con escasas posibilidades de superación o promoción. Incluso, muchas de las ocupaciones que se ofrecen lindan con lo marginal o delincuencial.

Con estos añadidos, que incrementan la oferta y debilitan su poder de negociación, queremos hacer notar que, para comenzar, existe un serio problema de demanda, el mismo que subsistirá mientras los objetivos de la economía sean sólo de corto plazo y mientras el crecimiento se apoye sólo en explotación de recursos. En curso de desarrollo, la economía debería expandir diversas actividades, algunas nuevas y otras tradicionales, con vocación de estabilidad y desprender de eso una expansión de empleos estables y bien remunerados.

En lo que toca a la oferta, hemos visto que la oferta potencial es creciente, que existe desempleo y sub-empleo de jóvenes y acabamos de señalar, existe un contingente adicional de niños que aún no debía estar en la PEA. Ahora bien, más allá del volumen de niños y jóvenes involucrados, es importante considerar las condiciones, sobre todo de capacitación, en que afrontan la búsqueda de empleo. En el caso de los jóvenes, hemos visto que hay una variedad de situaciones y una cierta dificultad (económica) para realizar o concluir los ciclos de capacitación. En el caso de los niños, a pesar de no tener información equivalente a la que ofrece la Encuesta del Ministerio de Trabajo para los jóvenes, podemos decir que una capacitación completa está excluida. En cualquier caso, algo que está sujeto a discusión es la orientación y la eficiencia de los esfuerzos de capacitación. Igualmente lo están las condiciones de madurez física y psicológica en que se concreta el ingreso al mercado laboral.

La capacitación para el trabajo es una condición necesaria pero, teniendo en cuenta lo que venimos anotando, no es una condición suficiente para obtener empleo, para asegurar un ingreso suficiente ni condiciones de vida amables.

En primer lugar, tal como aparece en los cuadros (Ver Cuadros No. 36.1, No.36.2, No.36.3 y No.36.4) no hay diferencias importantes en la situación de empleo en razón de tener o de carecer de capacitación y, eso sí, aunque nuevamente la diferencia no es espectacular, el ingreso promedio obtenido es mayor en el caso de los que han tenido capacitación previa.

En el caso de los varones, la situación descrita es la típica y mostraría que no hay mayor ventaja al estar capacitado. Esto tiene que ver con el tipo de empleos y la ubicación en la estructura ocupacional, cuestiones que hemos ventilado anteriormente. En efecto, en lo que toca a tareas auxiliares en general cuando la capacitación recibida no está referida al empleo posiblemente demandado, la condición de capacitación formal es poco relevante. En todo caso la relación entre el empleo y el ingreso esperado es más fuerte que la relación entre el empleo y el ejercicio de la capacidad adquisitiva.

En el caso de las mujeres, encontramos que las empleadas no capacitadas son más numerosas que las capacitadas (36.2% vs 32.9%) y esto que parece contradictorio, simplemente refuerza lo anterior, pues como hemos señalado antes, hay una proporción mayor de mujeres en servicio doméstico, por ejemplo, y en ocupaciones familiares no remunerada, para los cuales no se exige o requiere capacitación. La idea de una preferencia por los capacitados queda en pie, pero se relativiza por la naturaleza de las ocupaciones o la ejecución de tareas que implica el desempeño de un puesto de trabajo.

En cuanto a ingresos, en la Encuesta del MTPS, encontramos una dispersión bastante grande que, en el marco de otro trabajo se podrían ventilar en detalle. En nuestro caso, indicaremos que, en promedio, los ingresos percibidos son mayores en el caso de los capacitados, tanto en el caso de varones como de mujeres y que lo es en el orden de 20% en los primeros y 7% en los segundos. Nuevamente aparecen ventajas para los capacitados, pero tanto la dispersión (ver las cifras de desviación estándar) como la brecha muestran la intervención de otros elementos, como los que acabamos de señalar.

A manera de ilustración, incluimos en el cuadro No. 37 los principales oficios, en que se ha capacitado a los jóvenes y entre ellos encontramos referencia a competencias que, en la organización de la producción, corresponden a posiciones de "muestra" y, por lo general se contrata jóvenes o nuevos, en posiciones de aprendiz o ayudante.

Los mayores porcentajes corresponden a albañiles y mamposteros (construcción), (10.08%) a mecánicos y (7.72%), a panaderos y pasteleros (6.84%), a ebanistas (5.72%) y conductores de vehículos (10.08%). Evidentemente, se debe mencionar aparte, que el 23.36%, casi un cuarto de los que han recibido capacitación, es como tejedores, tanto en telas, como en tejidos de punta y que esta concentración es mayor en ciudades de provincia que en Lima. El cuadro que hemos presentado no incluye otro tipo de capacitación, orientada al comercio, al trabajo administrativo o de oficina para los que hay una oferta variada y amplia, y de otras que, sin embargo, son canales de ingreso al mercado laboral, algunas de ellas, mas ligadas a la educación formal.

Esta evidencia, referida a los que tienen empleo, es necesario examinarla en una perspectiva más amplia, pues la no capacitación, por un lado, y la capacitación específicamente recibida inciden sobre la obtención de empleo y sobre la calidad del empleo.

De primera intención se podría decir que en el país existe una variedad de posibilidades, de contenidos y de orientación de capacitación laboral, pero cada una comparte exigencias económicas y plazos que son excluyentes para algunos, y no pocos. Debemos concentrarnos entonces en los que efectivamente se abren a capas más amplias de población.

De todo lo que venimos examinando, se puede colegir que los problemas de inserción en el mercado son problemas derivados de la pobreza y, por lo mismo, de la urgencia de obtener empleo, sumada a la reducida posibilidad de prolongar (completar) y financiar la etapa de capacitación. En otras palabras, el joven de familia pobre debe buscar trabajo en lo inmediato, sin mayor consideración de la capacitación adquirida. Esta, por otra parte no puede ser solventada por la familia. Con esto no pretendemos que la inserción de jóvenes no pobres en el mercado no debe afrontar problemas, sino que son diferentes. Es posible que la urgencia sea menor y que la capacitación sea más adecuada, pero en una dinámica de escasa creación de empleo, la dificultad de obtener un empleo adecuado o simplemente un empleo es real. Recordemos que obtener un empleo no sólo es cuestión de ingresos, sino también un derecho inherente a la dignidad humana, como lo reconocen, p.e las Naciones Unidas (Derechos Económicos y Sociales).

En todo caso el problema del empleo juvenil en estratos pobres de la población radica, en gran medida, en la insuficiente y, no pocas veces, mal orientada formación de capital humano. En estas condiciones, se trata de romper el círculo vicioso, modificando éstas, o creando condiciones para mejorar las modalidades de inserción en el mercado laboral y, éste es un problema de política pública.

Algo que hemos sugerido antes y que es muy importante es el contenido y la orientación de la capacitación. El examen da información variada y de experiencias de diversos centros de capacitación mientras que las carreras o especialidades que se ofrecen están más referidas a las posibilidades de la oferta y a la relativa posibilidad de organizar cursos o entrenamientos, muchas veces, en ramas poco exigentes en material o equipos, en personal de instructores y, por lo demás, apoyados en el impulso de la moda o algún éxito espectacular (corte y confección, cosmetología, p.e). Tratándose de una oferta privada, es comprensible, pero en cualquier caso, la falta de referencia o sensibilidad a los requerimientos del aparato productivo estable y, deseablemente en expansión, es notable.

Incluso, en esfuerzos del Estado se nota la misma tendencia, generando una sobre oferta de formación de ciertas competencias y un déficit de otras. Si se examina la orientación de capacitación, por sexo, se tiene la impresión de un condicionante para una suerte de especialización. A las jóvenes se les ofrece prepararse para trabajos en costurería, en secretariado y en informática, mientras que a los varones se les abren otras posibilidades, con las de mecánica y electricidad, p.e. El problema es que un esfuerzo actual, exigido por circunstancias recientes o nuevas, carga con el lastre de viejos prejuicios y de una escasa visión de lo que puede ser el futuro de la economía y el de los jóvenes que se incorporan.

Tomando en cuenta las cifras que hemos revisado a lo largo de este trabajo, podemos decir que del millón y medio de jóvenes candidatos a ingresar, anualmente , al mercado laboral, cerca del 40% (600,000) tienen la probabilidad de obtener un empleo adecuado, 50% (750,00) de obtener un empleo a tiempo parcial, inestable o mal remunerado, y 10% (75,000) no obtienen ninguno. En este punto es conveniente distinguir el concepto de empleo adecuado, por cuanto las proporciones que señalamos corresponden a las definiciones oficiales (Ministerio de Trabajo y Promoción Social). Estas definen el empleo adecuado como aquel que representa una ocupación de jornada completa en la semana (35 horas como mínimo) y/o que permite un ingreso superior a la remuneración mínima legal. Esto es lo operativo en el momento, pero estamos lejos de un criterio que involucre otros aspectos de la calidad de los puestos de trabajo (tecnología, organización, uso de capacidades humanas), de protección legal y social del trabajador y otros. Por otra parte, como hemos señalado anteriormente hay un déficit de puestos de trabajo, dada la oferta, y hay un serio problema de empleos precarios o de mala calidad. Estas proporciones ayudan a establecer el orden de magnitud del problema, pues, grosso modo se trataría de incorporar información adecuada, prácticamente al doble de los jóvenes que se absorbe actualmente.

Ahora bien, dado que este es el requerimiento de la oferta de trabajo, existe una brecha por la respuesta de la demanda de las empresas e instituciones que es insuficiente debido a problemas de la etapa del desarrollo, del proceso de ajuste e incluso por problemas derivados de la incertidumbre económica y política de los años 80, sobre todo. La expansión del empleo ha sido pequeña y en algunas etapas ha sido negativa, de manera que la capacidad de absorción, en general, ha sido y es escasa y lo es con características particulares y ambivalentes con los jóvenes. En efecto, habría interés en incorporarlos, apoyar su aprendizaje en el puesto y sacar beneficio en períodos largos; sin embargo, hay también riesgos y deficiencias que afrontar y ello inhibe decisiones favorables.

En conclusión tenemos pues un desajuste que ya es antiguo y que es acumulativo. Una oferta que crece más que la demanda y que ambos evolucionan a partir de una brecha significativa.

Una cuestión que se plantea de inmediato es aquella de si los jóvenes candidatos están capacitados para desempañarse en las tareas que se requiere y, esta es una cuestión que tiene varias dimensiones. Para comenzar, si la capacitación es completa o es parcial y si es adecuada o no lo es. En seguida, si sólo crea competencias o si forma hábitos de aprendizaje y comportamientos que permitan adecuación a situaciones o requerimientos nuevos o variables. La capacitación es ciertamente, una condición favorable, como hemos visto al examinar el nivel de educación alcanzado, así como las condiciones y contenido de la capacitación laboral obtenida; pero, no es condición suficiente.

Por otra parte, hemos visto que obtener capacitación supone apoyo familiar o externo, lo cual excluye una proporción nada despreciable de jóvenes. Igualmente hemos visto que la capacitación que se ofrece no está siempre ni necesariamente en relación con los requerimientos de la demanda, ni con las posibilidades de una "carrera" en alguna rama u ocupación. En este sentido, contenido y orientación de la capacitación son muy importantes, si se quiere que aquella influya en las posibilidades de obtener empleo.

Igualmente, en curso de nuestro trabajo hemos visto que la situación de pobreza o de empobrecimiento de las familias, es fuente de una presión para el ingreso prematuro y perentorio del mercado laboral. Los jóvenes pobres deben obtener ingresos, independientemente de haber logrado o no alguna capacitación y de haber alcanzado madurez psicológica. El problema de fondo es el del empleo de los adultos y del ingreso real de las familias. Por lo mismo se justifica un ingreso específico para que los jóvenes puedan acceder y obtener una capacitación adecuada y oportuna a fin de mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

Anotemos que ofrecer, mediante algún programa apoyado por Estado, oportunidades de capacitación, es en alguna medida compensar deficiencias o imposibilidades de familias pobres y, a nuestro juicio, la existencia numerosa y aún creciente de estos es la raíz del problema. En este sentido, si la capacitación es condición deseable y necesaria, la superación de la pobreza o su mitigación por algún medio, es una condición complementaria que permitiría períodos y esfuerzos significativos de capacitación, del mercado. Igualmente, evitaría la perpetuación de empleos precarios o de mala calidad.

En resumen, hay tres aspectos o entradas para afrontar una mejor y más amplia inserción de los jóvenes en el mercado laboral. Estos son la demanda de trabajo, en general; la extensión y la dinámica de la pobreza en el país; y finalmente, las condiciones de ingreso de los jóvenes, sobretodo los jóvenes en situación de pobreza, al mercado.

En efecto, poco de definitivo se puede hacer en materia de empleo juvenil si no se avanza en la solución del problema del empleo en general. Ahora bien, dado que las condiciones de oferta están dadas en lo inmediato y a mediano plazo, por el nivel de las tasas demográficas y su normalmente lenta evolución, es en la demanda que se debería incidir. Es necesario incrementar sostenidamente el número de puestos de trabajo estables y dentro de esta expansión, abrir posibilidades a jóvenes. No se trata o no es muy interesante el logro de incorporaciones episódicas sólo a través de programas especiales o de emergencia. Lo realmente deseable es la participación en una actividad continua y en crecimiento continuo. Por lo mismo, la política de estímulo y de creación de condiciones favorables a la inversión privada y también pública es esencial, como lo son otras políticas complementarias y entre ellas las de protección y regulación de relaciones laborales. En resumen, se trata de modificar, elevándola, la demanda de trabajo.

En segundo lugar, hemos hecho referencia a la composición de la demanda y, si bien eso ya podría ser suficiente, sería conveniente alguna orientación específica. Hemos mostrado la importancia cuantitativa y creciente del contingente de jóvenes y las condiciones en que aspiran a incorporarse al mercado; ello requiere una orientación y apoyo para que el mercado no resulte discriminando. Más aún, dadas las posibilidades de aprendizaje en el puesto, mayores incluso en aquellos que aportan una capacitación previa, las firmas y el país podrían beneficiar de una elevación de los niveles de aprendizaje y de la difusión de competencias.

En tercer lugar, hemos mencionado, y comprobado a lo largo de todo el trabajo que hay una oferta importante y creciente de trabajo juvenil. Esta oferta que tiene un crecimiento previsible, como ya hemos señalado, se incrementa en forma irregular pero importante, por problemas de pobreza de las familias y, también, por falta de oportunidades alternativas, aunque asociada con lo primero. Consecuentemente, una deseable reducción de la oferta o por lo menos del ritmo de su crecimiento, escapa al grupo directamente concernido. Si los jóvenes, incluso en edades prematuras ingresan al mercado y sobre todo a sus segmentos precarios, es por que el ingreso familiar (en monto y continuidad) no los puede apoyar en una deseable etapa completa de estudios y, más bien, requiere de su concurso para la subsistencia de la familia, frecuentemente numerosa. Desde este punto de vista, la política eficaz podría ser una de ingresos, elevación y mejor distribución, que sobrepasan al sector.

Por otro lado, una proporción de lo que podría asignar a exceso de oferta es por abandono prematuro de los estudios, de manera que extender el periodo de educación-capacitación podría ofrecer un alivio a la presión de oferta. Por supuesto a condición de que, en alguna forma, se dote a las familias de los recursos que lo permitan.

Creemos pues que no es posible concebir una política autónoma o pretendidamente autosuficiente de empleo juvenil, sino que existiendo algunas cuestiones propias o específicas, esta se tiene que inscribir en el marco de la política de empleo e ingresos y de la situación del empleo en el país y, en el caso concreto, en las ciudades del interior del país. Por tanto, quedan dos requerimientos que se deben plantear, pero que escapan a la capacidad de decisión de las entidades orientadas a la problemática juvenil (empleo y pobreza) y otro que no constituyendo solución completa, es necesario e importante (capacitación).

En materia de capacitación, el Ministerio de Trabajo ha implementado un Programa de Capacitación Laboral en Lima Metropolitana, con algunas limitaciones de alcance y cobertura, pues para comenzar se circunscribe a la capital, pero es un esfuerzo valioso y que debe dejar una experiencia positiva, sobre todo por una vinculación con el aparato productivo, y por lo mismo, con la posibilidad de adquirir experiencia. (Ver Esquema No. 2). Sin embargo, quedan algunas inquietudes respecto a la orientación y contenido, sobre todo de este y de esfuerzos particulares como hemos observado antes. Esto resulta muy referido a competencias convencionales o en campos en que puede haber saturación (confeccionistas p.e.),o en algunos sesgos inherentes al género.

Al analizar la información de los jóvenes subempleados según el tamaño de la empresa en que laboran, se observa que la mayoría están ubicados en empresas con menos de 4 trabajadores. Siendo esto así, debe darse mayor atención a la capacitación para micro y pequeña empresa. Tal vez lo más conveniente sea ofrecer a los jóvenes habilidades para que mejoren su desempeño en actividades generadoras de ingreso y el programa podría incluir capacitación para el trabajo independiente.

La legitimidad del esfuerzo de capacitación es indiscutible, aunque se pude aspirar a una mayor pertinencia y eficiencia. Jóvenes capacitados pueden obtener mejores empleos y tener, en general, una mayor posibilidad de obtener alguno. Los problemas que quedan con el que exista demanda y que las urgencias familiares no constituyen impedimento.

Es necesario continuar, mejorando, el esfuerzo de capacitación de jóvenes e iniciando prácticamente, en ciudades del interior y es necesario tener en cuenta y plantear permanentemente la existencia de que la mayor inserción depende de una demanda en expansión y de algún alivio a la pobreza.